En el Mercurio Legal se ha publicado una columna de opinión del profesor de la Facultad de Derecho Jaime Phillips quien se refiere a la irretroactividad de las leyes y los problemas que puede presentar frente alproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de la acción penal emanada de delitos sexuales.

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La profesora Javiera Corvalán tuvo la oportunidad de exponer ante la Comisión Especial del Senado encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género. Luego de su exposición y de la que realizaron  María Francisca Zapata y Karen Hoyuelos, permitieron a la referida Comisión respaldar el proyecto de ley iniciado por Mensaje que trata el derecho de la mujer a vivir libre de violencia.

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En La Tercera aparece una carta al Director de la profesora Dra. María Angélica Benavides, referida a  la critica que se realiza  un partidfo politico al desempeño de la  Directora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, al tenor del reportaje del suplemento del día domingo.

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El profesor de la Facultad de Derecho opina sobre el anuncio que hiciera el Presidente de la República ensu Cuenta Publica. 

El profesor Cristóbal Aguilera hace un análisis de lo que ocurre frente a comentarios y noticias que llevan a insultar o despreciar la opinion de quien la formula. Haciendo referencias a Bernard Shaw y de acuerdo al propio planteamiento del profesor Aguilera, los insultos en redes públicas no permiten la discusión pública que es clave para alcanzar una sociedad más o menos pacifica.

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En el Diario La Segunda entrevistan a los profesores Fernando Atria de la Universidad de Chile, Hernan Corral de la Universidad de los Andes y Enrique Navarro de nuestra Universidad. El motivo es a consecuencia del secreto de confesión por cuanto se discute en el Congreso un proyecto de ley que obliga a denunciar delitos sexuales y que la Cámara rechazó  la indicación que exceptuaba a los sacerdotes, cuando hubiesen obtenido la información a través del sacramento de la confesión, situación que los tres catedráticos consideran que seria inconstitucional.

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Uno podría partir por preguntarse qué llevó a un gobierno que se opuso a la aprobación del aborto a impulsar la crioconservación de embriones, es decir, a permitir y financiar el congelamiento de aquellas vidas cuya muerte directa, hasta hace poco, denunciaban como un verdadero homicidio. ¿Es que no es lícito matar, pero sí manipular ?

 

Entre el 22 y 24 de noviembre se desarrollaron en Montevideo las Jornadas Sudamericanas de Derecho Constitucional, que éste año estaban organizadas por la Universidad Católica de Uruguay.
El evento reúne a las asociaciones de Derecho Constitucional de la región, contando con expositores de distintos países.
La delegación chilena estuvo compuesta por la Ministra del Tribunal Constitucional M. Pía Silva y profesores de las Universidades de Chile, Concepción, Pontificia U. Católica, Católica del Norte y Finis Terrae.
Los profesores María Angélica Benavides y Enrique Navarro participaron exponiendo, la primera, sobre los elementos que constituyen la buena fe en la interpretación de tratados internacionales. El profesor Navarro expuso sobre “Independencia judicial y autonomía”.

SEÑOR DIRECTOR
El Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado su decisión respecto del requerimiento presentado en contra del proyecto de ley que modifica el DL 321, de 1925, referido a las exigencias para gozar de la libertad condicional, tratándose de cierto tipo de delitos, calificados de lesa humanidad.
Lo primero que debe señalarse es que aún no se conocen los razonamientos esgrimidos por el TC para desechar la acción, la que solo se aceptó en lo referente a uno de los aspectos cuestionados, referente a la exigencia de arrepentimiento mediante una declaración pública que significara una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares.
En segundo lugar, debe destacarse el trabajo serio y acucioso realizado por el TC en la deliberación de esta materia, que incluyó una audiencia pública, en que se escucharon a diversas instituciones y personas interesadas. El TC no delibera políticamente, a diferencia del Congreso, sino que contrasta la norma aprobada con el texto de la Carta Fundamental, tal como ocurre en todas las democracias modernas.
En tal sentido, se reprochó a la normativa la circunstancia de que pudiera infringir derechos fundamentales, establecer diferencias injustificadas o imponer exigencias desproporcionadas o que afectaran la libertad de consciencia; a lo que se agrega la prohibición de autoincriminación. Obviamente, un análisis serio exige esperar los argumentos jurídicos que exponga la sentencia.
En todo caso, lo notable es que la unanimidad del TC estuvo por rechazar dos capítulos del requerimiento. Y que también la totalidad de los jueces cuestionó el alcance de la única disposición calificada como inconstitucional: cinco ministros lo estimaron respecto de ciertas frases y otros cinco en su totalidad.
En suma, no puede sino que destacarse el rol que le correspondió al TC en este caso, al revisar cuidadosamente la norma impugnada, escuchando a los colegisladores (Presidente y Congreso Nacional) y a la sociedad y, en definitiva, resolviendo, aplicando directamente la Constitución Política de la República, lo que supone resguardar los derechos y garantías fundamentales que asisten a los ciudadanos y que constituye un límite que no puede ser desconocido por el legislador democrático, lo que se adoptó de manera unánime.

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Enrique Navarro: "En los últimos presupuestos se han congelado los aumentos de remuneraciones de los jueces de los tribunales superiores, lo que este año una vez más se efectúa en relación con los miembros del máximo tribunal. Semejante medida, inmotivada y carente de razonabilidad, afecta severamente la independencia judicial".

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