Derecho en la prensa


 

El Mercurio Legal: Imprescriptibilidad y delitos sexuales

Profesor Jaime Phillips escribe interesante columna de opinión

El Mercurio Legal: Imprescriptibilidad y delitos sexuales

En el Mercurio Legal se ha publicado una columna de opinión del profesor de la Facultad de Derecho Jaime Phillips quien se refiere a la irretroactividad de las leyes y los problemas que puede presentar frente alproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de la acción penal emanada de delitos sexuales.

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Diario Constitucional: Sala del Senado analizará proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Comisión Especial del Senado,tomó la decisión tras escuchar a la asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Finies Terrae, Javiera Corvalán; a la jueza de garantía y presidenta de

Diario Constitucional: Sala del Senado analizará proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La profesora Javiera Corvalán tuvo la oportunidad de exponer ante la Comisión Especial del Senado encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género. Luego de su exposición y de la que realizaron  María Francisca Zapata y Karen Hoyuelos, permitieron a la referida Comisión respaldar el proyecto de ley iniciado por Mensaje que trata el derecho de la mujer a vivir libre de violencia.

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La Tercera: Opinión Conocimiento y Prudencia

Publican carta al Director de profesora María Angelica Benavides

En La Tercera aparece una carta al Director de la profesora Dra. María Angélica Benavides, referida a  la critica que se realiza  un partidfo politico al desempeño de la  Directora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, al tenor del reportaje del suplemento del día domingo.

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El Libero: opinion/cristobal-aguilera-menos-parlamentarios-donde-estan-los-problemas/

Profesor Cristobal Aguilera se refiere a propuesta del Presidente de la República

El Libero: opinion/cristobal-aguilera-menos-parlamentarios-donde-estan-los-problemas/

El profesor de la Facultad de Derecho opina sobre el anuncio que hiciera el Presidente de la República ensu Cuenta Publica. 

El número no es el problema y los vicios arraigados en el Congreso seguirán existiendo a pesar de este tipo de cambios. Por de pronto, hay que erradicar la costumbre de utilizar la iniciativa legislativa como una herramienta comunicacional. Y tal vez sea tiempo de revisar la pertinencia de tener un parlamento sesionando todo el año, con todos los gastos que ello implica
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Cristóbal Aguilera: Sobre la posibilidad de la discusión pública

Profesor Cristobal Aguilera se refiere a una situación que, en diversos contexto, es más común de lo que se quiere

El profesor Cristóbal Aguilera hace un análisis de lo que ocurre frente a comentarios y noticias que llevan a insultar o despreciar la opinion de quien la formula. Haciendo referencias a Bernard Shaw y de acuerdo al propio planteamiento del profesor Aguilera, los insultos en redes públicas no permiten la discusión pública que es clave para alcanzar una sociedad más o menos pacifica.

 

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La Tercera: Atria (PS): El secreto de confesión no es oportunistas

Proyecto lo eliminaria para casos de abuso sexual

En el Diario La Segunda entrevistan a los profesores Fernando Atria de la Universidad de Chile, Hernan Corral de la Universidad de los Andes y Enrique Navarro de nuestra Universidad. El motivo es a consecuencia del secreto de confesión por cuanto se discute en el Congreso un proyecto de ley que obliga a denunciar delitos sexuales y que la Cámara rechazó  la indicación que exceptuaba a los sacerdotes, cuando hubiesen obtenido la información a través del sacramento de la confesión, situación que los tres catedráticos consideran que seria inconstitucional.

 

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El Libero:Cristóbal Aguilera: El poder sobre la naturaleza

Profesor Cristobal Aguilera se refiere a crioconservación de embriones

Uno podría partir por preguntarse qué llevó a un gobierno que se opuso a la aprobación del aborto a impulsar la crioconservación de embriones, es decir, a permitir y financiar el congelamiento de aquellas vidas cuya muerte directa, hasta hace poco, denunciaban como un verdadero homicidio. ¿Es que no es lícito matar, pero sí manipular ?

Hace pocas semanas el Ministerio de Salud anunció la decisión de dar cobertura a los tratamientos de fertilidad de alta complejidad en el sistema de libre elección. Desde todas partes celebraron la iniciativa, enmarcándola dentro de las medidas de promoción de la maternidad. No deja, sin embargo, de ser perturbadora la siguiente pregunta: ¿es que nadie ve lo que en realidad está sucediendo?
Lo traigo a colación simplemente como un ejemplo: “embriones congelados”, “embriones almacenados”, “embriones remanentes”, “embriones desvitrificados”. No hace falta recurrir a algún cuento de Huxley, sino revisar los programas de reproducción asistida de la Clínica Las Condes. Embriones, una manera fría, técnica, que evita significar la realidad tal cual es, pero que, al fin, no se puede esconder: seres humanos en su estado inicial, indefensos, que, por lo mismo, son manipulados, congelados, trasferidos, desechados.
Uno podría partir por preguntarse qué llevó a un gobierno que se opuso a la aprobación del aborto a impulsar la crioconservación de embriones, es decir, a permitir y financiar el congelamiento de aquellas vidas cuya muerte directa, hasta hace poco, denunciaban como un verdadero homicidio. ¿Es que no es lícito matar pero sí manipular? Más todavía cuando, como denuncia la profesora María Sara Rodríguez, este tema fue aprobado mediante una glosa presupuestaria y su posterior codificación como prestación de salud, dejando un sinfín de preguntas importantes sin resolver (importantes en la medida en que todavía se tenga la convicción de que la vida humana comienza en la concepción).
También se podría reaccionar en términos de las atribuciones de las autoridades públicas: ¿Es razonable que la Administración tenga la competencia para tomar autónomamente una medida como esta? ¿Financiar con recursos del estado el congelamiento de embriones no constituye, al menos, una definición que deba ser adoptada en un foro propiamente político, en donde la ciudadanía pueda expresar su parecer, lo que solo es posible –o al menos en parte– en el Congreso? ¿No merece todo esto un debate democrático de mayor envergadura como para zanjarlo, sin discusión, a través de un mero acto administrativo? Todo esto es importante, pero hay todavía algo más inquietante: la pasividad, la normalidad, el adormecimiento. Es que, en realidad, a nadie parece interesarle que unos puedan decidir (¡y lucrar!) la manipulación de otros.
Así, nuestra sociedad se va configurando a través de una tensión entre progreso y cuestionamientos éticos. Pero lo cierto es que todo este avance no es sino una manifestación de dominación, pero no sobre las cosas, sino sobre las personas. Ya lo decía C. S. Lewis: cuando se habla del poder del hombre sobre la naturaleza (la vanguardia de la tecnología) en realidad se trata de un poder ejercido por algunos hombre sobre otros. Algunos, pocos, decidiendo sobre la existencia de otros.  En efecto, a puertas cerradas, entre cuatro paredes, como a nadie le gusta, el gobierno dio el pase para la creación de bancos de embriones congelados.
Revise aquí la publicación.
 
 cristobal aguilera

La Tercera: Opinión El necesario debate sobre eutanasia en 3 causales

Profesor Alejandro Leiva excribe sobre causales de eutanasia

columna aleiva latercera

Como “histórico” y un “logro para la oposición” fue catalogada la aprobación por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados —aprobación, que, en todo caso, no ha sido discutida en Sala— del proyecto de ley que busca regular y permitir la eutanasia en Chile.
Más allá de la profunda y necesaria discusión jurídica que esperamos sobre este tema –y en que también tienen un rol relevante la bioética y la filosofía– vemos con preocupación la liviandad con que un sector político levanta, adelantadamente, banderas y consignas fundadas en una mal entendida “dignidad” o “libertad” del ser humano como principios inspiradores del proyecto.
Aunque no lo parezca, son esos mismos principios los que permiten sostener la inviabilidad de prácticas eutanásicas. Desde un prisma lógico, es el ser humano “vivo” —entendiendo “vida” como bien jurídico fundacional— quien posee el atributo inalienable de la dignidad; y es únicamente el ser humano “vivo” quien puede ejercer, o no, su libertad. Así, la supresión de la vida —eutanasia— no es, sino, la negación absoluta de la dignidad y la libertad.
Fundar la eutanasia en una supuesta disminución o ausencia de dignidad de, por ejemplo, los enfermos terminales, implica un ejercicio de catalogación o distinción inaceptable de seres humanos entre aquellos que poseerían una dignidad “plena” y quienes, en cambio, “nos serían tan dignos”, siendo la vida de estos últimos aquella disponible o desechable.
Asimismo, se presentan gruesos cuestionamientos a la racionalidad y validez de la decisión de un paciente que se encuentra en estado terminal, y mucho más, como pretende validar el proyecto, de aquellos pacientes cuya siquis, producto de la enfermedad, se ha visto deteriorada. Por ello, llaman la atención las declaraciones que en este mismo medio prestara el presidente de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, defendiendo como causal de procedencia de la eutanasia el “dolor síquico”, argumentando contradictoriamente que: “Cuando una persona tiene un dolor físico enorme, también tiene dolor síquico, su siquis tampoco está en óptimas condiciones”.
En un clásico de Medicina Legal, Du Saulle afirmaba que: “En este estado, en que la vida abandona lentamente los centros nerviosos, es cuando es posible encontrar lo que se ha llamado los terrores de los moribundos, es decir, ese subdelirio sostenido por alucinaciones, por ilusiones de los sentidos y por ensueños fantásticos derivados de una imaginación cuyo principio ordenador funciona mal, o no funciona ya”, criticando, precisamente, la plausibilidad de la voluntad de un moribundo.
Por ello, resulta indispensable para una discusión seria distinguir y delimitar conceptos, lo cual no parecieran tener presente en la Comisión de Salud, confundiéndose en los distintos proyectos de ley refundidos por la Cámara nociones radicalmente diferentes como son: el derecho a rechazar tratamientos médicos; la limitación del esfuerzo terapéutico; medios paliativos y medidas de soporte vital (ordinarias y extraordinarias), entre otros, cuya aplicación no implica prácticas eutanásicas.
En efecto, ya en 2013 publicamos una investigación en que se precisan y distinguen conceptos desde un prisma esencialmente penal, pues sea cual sea la forma en que se presente el debate, eutanasia no es otra cosa que “matar a otro”, lo cual constituye actualmente un homicidio punible en Chile.
Revisa aquí la publicación.
 

Profesores María Angélica Benavides y Enrique Navarro exponen en las Jornadas Sudamericanas de Derecho Constitucional

Entre el 22 y 24 de noviembre se desarrollaron en Montevideo las Jornadas Sudamericanas de Derecho Constitucional, que éste año estaban organizadas por la Universidad Católica de Uruguay

Entre el 22 y 24 de noviembre se desarrollaron en Montevideo las Jornadas Sudamericanas de Derecho Constitucional, que éste año estaban organizadas por la Universidad Católica de Uruguay.
El evento reúne a las asociaciones de Derecho Constitucional de la región, contando con expositores de distintos países.
La delegación chilena estuvo compuesta por la Ministra del Tribunal Constitucional M. Pía Silva y profesores de las Universidades de Chile, Concepción, Pontificia U. Católica, Católica del Norte y Finis Terrae.
Los profesores María Angélica Benavides y Enrique Navarro participaron exponiendo, la primera, sobre los elementos que constituyen la buena fe en la interpretación de tratados internacionales. El profesor Navarro expuso sobre “Independencia judicial y autonomía”.

La Tercera | Enrique Navarro se refiere al proyecto de ley que modifica las exigencias necesarias

Para gozar de la libertad condicional para los autores de delitos de lesa humanidad.

SEÑOR DIRECTOR
El Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado su decisión respecto del requerimiento presentado en contra del proyecto de ley que modifica el DL 321, de 1925, referido a las exigencias para gozar de la libertad condicional, tratándose de cierto tipo de delitos, calificados de lesa humanidad.
Lo primero que debe señalarse es que aún no se conocen los razonamientos esgrimidos por el TC para desechar la acción, la que solo se aceptó en lo referente a uno de los aspectos cuestionados, referente a la exigencia de arrepentimiento mediante una declaración pública que significara una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares.
En segundo lugar, debe destacarse el trabajo serio y acucioso realizado por el TC en la deliberación de esta materia, que incluyó una audiencia pública, en que se escucharon a diversas instituciones y personas interesadas. El TC no delibera políticamente, a diferencia del Congreso, sino que contrasta la norma aprobada con el texto de la Carta Fundamental, tal como ocurre en todas las democracias modernas.
En tal sentido, se reprochó a la normativa la circunstancia de que pudiera infringir derechos fundamentales, establecer diferencias injustificadas o imponer exigencias desproporcionadas o que afectaran la libertad de consciencia; a lo que se agrega la prohibición de autoincriminación. Obviamente, un análisis serio exige esperar los argumentos jurídicos que exponga la sentencia.
En todo caso, lo notable es que la unanimidad del TC estuvo por rechazar dos capítulos del requerimiento. Y que también la totalidad de los jueces cuestionó el alcance de la única disposición calificada como inconstitucional: cinco ministros lo estimaron respecto de ciertas frases y otros cinco en su totalidad.
En suma, no puede sino que destacarse el rol que le correspondió al TC en este caso, al revisar cuidadosamente la norma impugnada, escuchando a los colegisladores (Presidente y Congreso Nacional) y a la sociedad y, en definitiva, resolviendo, aplicando directamente la Constitución Política de la República, lo que supone resguardar los derechos y garantías fundamentales que asisten a los ciudadanos y que constituye un límite que no puede ser desconocido por el legislador democrático, lo que se adoptó de manera unánime.

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noticia derecho fallo

El Mercurio | Enrique Navarro se refirió a la independencia judicial y remuneraciones

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Finis Terrae cuestionó el congelamiento de las remuneraciones de los jueces de los tribunales superiores en nuestro país.

Enrique Navarro: "En los últimos presupuestos se han congelado los aumentos de remuneraciones de los jueces de los tribunales superiores, lo que este año una vez más se efectúa en relación con los miembros del máximo tribunal. Semejante medida, inmotivada y carente de razonabilidad, afecta severamente la independencia judicial".

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independencia judicial